(5-Julio-2005) La oposición vuelve a abandonar el Pleno junto a los vecinos del El Patriarca

Informa: Chema Cejudo

El problema de titularidad de las 50 viviendas de la primera fase de la Barriada El Patriarca de Mairena del Alcor parece enfilar la recta final para su solución, aunque no exenta de polémica. El ayuntamiento del pueblo debatió anoche a través de pleno extraordinario una moción firmada por las fuerzas políticas de la oposición (PP, PA, e IU-CA), que junto a los vecinos de la renacida Asociación El Patriarca pretendía dar solución a un problema que se viene arrastrando a lo largo de 20 años, y que les ha venido vedando en la práctica el derecho a escriturar las viviendas que moran, ni siquiera en régimen de alquiler. Atrás quedan otros conflictos puntuales e incluso expedientes de desahucio que el equipo de gobierno asegura haber paralizado a lo largo de este tiempo.

A pesar de las buenas intenciones de las partes, y del tono contenido de un debate que a priori se preveía duro, los grupos de la oposición decidieron el abandono de la sala pocos minutos antes de la votación, que se saldó con el derrumbamiento de las cinco propuestas planteadas para introducir por parte del equipo socialista de gobierno otra alternativa en parecidos términos, excepto en lo relativo a la paralización de la firma de algunos contratos -ya iniciada- hasta que la totalidad de los vecinos reúnan las condiciones para su rúbrica.

Los 7 concejales de la oposición decidieron el abandono de la sala "con todos los respetos y sin ánimo de molestar", según expresó el edil popular José Antonio Acosta, ante la negativa del alcalde a ceder el uso de la palabra al presidente vecinal, José Manuel Morales. Éste salió de la sala de plenos tras ver frustrado su intento de intervenir, y tras increpar al portavoz del gobierno municipal, Santiago Navarro "para que se identifique a todos los ocupantes". Al igual que los capitulares de la oposición, fue recibido con aplausos a las puertas del consistorio tras su abandono de la sala, mientras que el alcalde, Antonio Casimiro Gavira, denunciaba una estrategia conjunta "de acoso al gobierno por parte de los partidos de la oposición", como aseguró se está produciendo en otros pueblos del entorno.

La moción presentada por la oposición también reclamaba el mantenimiento de reuniones esporádicas con el equipo de gobierno junto a representantes de la oposición para seguir el desarrollo de los acontecimientos, el acceso previo a un contrato de renta antes del definitivo de propiedad, así como el adelanto del importe aproximado que deberían abonar mensualmente en concepto de renta, y el precio de tasación de las viviendas con vistas a su adquisición en propiedad.

Desde el equipo de gobierno se garantizó la resolución del problema a corto y medio plazo, ya que en el caso de 3 ó 4 residentes existen contradicciones al diferir la identidad de los adjudicatarios iniciales de la de sus actuales inquilinos, aunque según Navarro hacia 2.007 todo el proceso podría quedar cerrado. De igual manera, se cifraron las cantidades de los contratos de renta a firmar con AEPSA (por 5 años) en cantidades que oscilan entre los 36 y los 48 euros por mes. En cuanto a los precios finales de las viviendas, según este mismo portavoz, se barajan cifras de entre 21.000 y 36.000 euros.

La problemática de estas viviendas remonta su origen al año 1.982, cuando el gobierno que entonces administraba los destinos del pueblo decidió hacer entrega de las mismas en contra de las recomendaciones de la Consejería de Obras Públicas, que fundamentaba su decisión en algunas graves deficiencias en los inmuebles, y en la no recepción de las obras a causa de la quiebra de la constructora. Después de varios lustros e importantes inversiones de mejora en muchos de los casos, amén de diversos trasvases de inquilinos en algunas de ellas -en cuya resolución ha tenido que intervenir incluso la justicia- los vecinos reclaman ahora la propiedad, a la que según lo puesto de manifiesto ayer por parte del equipo de gobierno durante el desarrollo de la sesión tendrán acceso a partir de los cinco años de ocupación demostrados. El consistorio será el garante del proceso.