LA INSTALACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL EN MAIRENA
José
Manuel Navarro Domínguez
Doctor en Historia Contemporánea
Noviembre de 2006
Este artículo es un extracto de la comunicación titulada La Instalación de la Guardia Civil en Los Alcores, presentada en las XIII Jornadas Nacionales de Historia Militar, celebradas en la Cátedra General Castaños, sita en el Cuartel General de la Fuerza Terrestre, Capitanía General de Sevilla, (Plaza de España), entre el 13 y el 17 de noviembre de 2006.
La Guardia Civil es el primer cuerpo de seguridad pública de ámbito estatal surgido en España. Vino a cubrir la necesidad de disponer de una fuerza que abarcase todo el territorio nacional y hacer frente a la inseguridad motivada por el bandolerismo, especialmente intenso desde la Guerra de la Independencia. La unidad logró, en relativamente poco tiempo, afianzarse como fuerza de orden público, especialmente en el medio rural, donde anteriormente habían fracaso múltiples intentos de organizar diversas fuerzas de seguridad bajo las más variadas fórmulas. Entre las características que hicieron posible este arraigo y que se convertirían en clave para su triunfo estuvo su carácter militar, que faltó a las diferentes partidas, milicias y cuadrillas organizadas con anterioridad y a las que reemplazó eficazmente. El análisis de las circunstancias en las que se estableció y las razones del fracaso de las distintas fuerzas de orden público establecidas hasta entonces, puede poner de manifiesto cuáles fueron las claves de su éxito.
En el segundo cuarto del
siglo XIX la delincuencia se hizo crónica en la comarca. Si bien ya no
se registra en la documentación la presencia de bandas importantes, se
producían con frecuencia robos, daños en cultivos y arbolado y
algunos asaltos a cortijos y haciendas. Diversas circulares e instrucciones
dirigidas a los ayuntamientos insisten en que los alguaciles patrullen por el
campo, se ayude a los aperadores y capataces a vigilar las haciendas y cortijos
para evitar el robo de frutos y ganado y se vigile a lo molineros para que no
muelan aceituna robada.
La respuesta llegará ese mismo año con la creación de la
Guardia Civil por el duque de Ahumada. Se trata del primer cuerpo de seguridad
pública de ámbito estatal surgido en España. Se creó
en el reinado de Isabel II bajo el impulso del gobierno de González Bravo.
Respondía a la necesidad de disponer de una fuerza de seguridad pública
para abarcar todo el territorio y hacer frente a la inseguridad motivada por
el bandolerismo, que desde la Guerra de la Independencia azotaba el país.
Mediante los decretos de
28 de marzo y 13 de mayo de 1844 el duque de Ahumada estableció un cuerpo
armado de seguridad pública, de doble carácter: militar y civil.
Dependía del Ministerio de la Guerra en cuanto a su organización,
disciplina, personal, material y financiación, pero el Ministerio de
la Gobernación, mediante una Inspección General, dirigía
la organización, la distribución de las fuerzas y el servicio.
Tenía encomendada la protección de personas y bienes, tanto urbanos
como rurales, la vigilancia de los caminos, la represión del contrabando,
la persecución de malhechores y el mantenimiento del orden público.
La unidad organizativa era la comandancia, que agrupaba las fuerzas de una provincia
distribuidas en compañías, verdaderas unidades operativas que
abarcaban comarcas completas. Este esquema permitía la coordinación
de las fuerzas de destacamentos cercanos, que podían prestarse fácilmente
apoyo mutuo y concentrar sus efectivos con rapidez en caso necesario. Las compañías
se dividían en puestos, o destacamentos acuartelados en las localidades,
que se agrupaban en líneas, que podían estar organizadas en función
de las vías de comunicación. La unidades destacadas en Los Alcores
componían tres puestos que formaban parte de las líneas de Carmona
y Utrera, integradas en la segunda compañía de infantería
del tercer tercio de la Guardia Civil. Además un pequeño destacamento
de caballería reforzaba el puesto de Carmona.
El cuartel de Mairena del Alcor
A Mairena se destinó un destacamento de 12 guardias civiles en el verano de 1846. La falta de un local adecuado en la villa y la escasez de fondos obligaron al Ayuntamiento de Mairena a instalar el cuartel en una casa desocupada, situada en la calle Arrabal, propiedad del alcalde. Por orden del jefe político, que la inspeccionó en julio de 1846, se aprobó su uso como cuartel, pagando la villa un alquiler diario de 3 r. durante un año. Para acondicionar la casa al nuevo uso debía acometer la villa algunas reformas como "… techar el cuarto del patio que está a la izquierda y formar un pozo negro cubierto en el patio interior", con un importe de 1.139 r. Además se construyeron para los guardias 12 perchas y un armero para 12 fusiles.
El Ayuntamiento estableció diversos arbitrios, autorizados por el jefe político, para financiar las obras del cuartel, y se aplicaron a este fin el sobrante de las multas y otros fondos menores. Las obras fueron iniciadas en el verano de 1846 y se ven retrasadas porque la cuadrilla de albañiles debió atender también diversas obras en el matadero, la cárcel y el cementerio de la localidad. El gobernador político de la provincia no dejó de apremiar al Ayuntamiento para recaudar los fondos previstos y poder terminar de pagar cuanto antes las obras. Finalmente la villa consiguió que la Hacienda pagase los 3.305 r. empleados en el alquiler y las obras de cuartel.
La actuación de la Guardia Civil en la comarca
Desde su instalación los destacamentos de la Guardia Civil desplazaron rápidamente a las partidas vecinales como fuerza de orden público, realizando buena parte de las actividades que llevaban a cabo aquellas: efectuaron rondas de vigilancia del término, patrullando por los caminos, vigilaron los accesos a la población, custodiaron las casas capitulares y otros edificios públicos, e incluso cubrieron actuaciones que normalmente realizaban los alguaciles municipales como los registros de las casas.
Se les encomendó especialmente la conducción de los presos en transito, supliendo en esta tarea a las partidas vecinales, aunque las cárceles seguían siendo municipales y por lo tanto continuaban bajo responsabilidad de los ayuntamientos. Todavía durante los primeros años algunos vecinos armados acompañaron en ocasiones a los guardias como unidad de refuerzo.
Los diferentes puestos realizaban el traslado de presos de forma coordinada, dedicando un día a la semana a los traslados, en función de las necesidades de cada partida. Esta disposición creó problemas a las cárceles pequeñas como la de Mairena, al acumularse durante muchos días presos de diferente procedencia en espera de traslado, 20 ó 30 algunas veces, hacinados en una cárcel excesivamente pequeña. La villa propuso a los oficiales de la Guardia Civil que coordinasen los traslados entre las diferentes cárceles para que los presos no permaneciesen tanto tiempo en la villa.
Se le encomendó además la persecución y detención de los prófugos y desertores del ejército, actividad que podríamos considerar precedente remoto de sus funciones como policía militar. La primera acción de este tipo registrada en Los Alcores fue la detención, en octubre de 1844, de Juan Jiménez Miranda, soldado del batallón provincial de Sevilla, que había huido de su cuartel. Fue capturado por varios guardias civiles del destacamento de Carmona y entregado al alcalde de El Viso para que lo remitiese con escolta a las autoridades militares.
Además la Guardia Civil desplazará a la Milicia Nacional, que había adquirido un fuerte componente político, vinculándose sus unidades mayoritariamente al partido progresista. La propia existencia de la unidad se convirtió en tema de debate político, discutiéndose en las Cortes si debía o no incluirse en la Constitución. Así, tras figurar en las constituciones de 1812 y 1837, fue suprimida por los moderados en 1843, tras la caída de Espartero, y no fue recogida en el articulado de la Constitución de 1845. Su decidida actuación en los levantamientos y manifestaciones de Madrid, Zaragoza y otras localidades contribuyó al triunfo de la revolución progresista de 1854 y en el proyecto frustrado de constitución de 1856 volvió a figurar la milicia como institución nacional.
La politización de la Milicia Nacional la convertía en un institución peligrosa para el Gobierno, especialmente para los moderados, proclive a levantamientos y algaradas, que resultaba difícil de controlar, como se había puesto claramente de manifiesto. De hecho ya en marzo de 1855 el gobernador civil de Sevilla prohibió a los milicianos nacionales el uso para otros fines, de las escopetas que empleaban para el servicio armado, así como portarlas mientras no estuvieran de servicio. La disolución de la Milicia Nacional en 1856 confirmará definitivamente a la Guardia Civil como la fuerza de orden público por excelencia.