(8-Abril-2003) Acuerdo del Pleno Municipal

Informa: Chema Cejudo

"Si es necesario, recurriremos esta sanción injusta hasta llegar al Supremo, porque estamos convencidos de que la vamos a ganar". Así de rotundo se mostró el alcalde de Mairena del Alcor, Antonio Casimiro Gavira en el debate plenario de la noche de ayer martes, cuando por unanimidad de los grupos se decidió encargar a los servicios jurídicos de Diputación la defensa del Ayuntamiento ante el contencioso abierto con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a raíz de la sanción por vertidos procedentes de la red de alcantarillado, que supuestamente contendrían algún agente contaminante originado por la industria olivarera local. La cuantía de la multa asciende a 12.000 euros.

El equipo de gobierno socialista mantuvo durante el debate un tono muy crítico hacia las actuaciones de la Confederación, sosteniendo que no se trata de un caso aislado con Mairena, sino que están siendo muchos los pueblos hostigados con sanciones que tras ser recurridas quedan anuladas. Además, se quejó por la retención de fondos que viene practicando el organismo en concepto de tasas por vertidos de alcantarillado, que desde 1.996 a fecha de hoy suponen más de 480.000 euros para las arcas municipales. Para el regidor mairenero la justificación de todo ello hay que buscarla en una medida política puesta en marcha por el gobierno central, tendente a crear problemas de liquidez en numerosos ayuntamientos andaluces con el fin de erosionar al PSOE.
Aunque todos los grupos municipales estuvieron de acuerdo con el fondo del asunto, el portavoz andalucista, Samuel Sánchez Galocha, solicitó al gobierno municipal que ejerza con contundencia las competencias que posea en esta materia. De igual modo, el representante de IU-CA, José García Navarro, desveló que recientemente se ha producido algún fallo en una empresa olivarera local cuyo nombre omitió, cuya consecuencia fue una filtración al colector de alcantarillado de calle Ronquera. El edil pidió que ante estos casos puntuales el Ayuntamiento intervenga en la medida de sus posibilidades. También del Partido Popular, José Manuel Rojas, pidió mayor eficacia en los controles por parte de quien corresponda.

El alcalde contestó haciendo una defensa a ultranza de la industria olivarera local y la calidad de sus instalaciones con respecto a la normativa medioambiental, poniendo de manifiesto que el municipio mairenero no se halla inmerso en ninguna de las causas judiciales abiertas por el Consistorio alcalareño contra poblaciones que vierten irregularmente en el Guadaíra o sus arroyos afluentes sustancias tóxicas provenientes de almazaras.

Gavira continuó explicando que la Confederación no justifica los conceptos por los cuáles practica estas retenciones económicas, de ahí que el citado organismo esté perdiendo todas las batallas judiciales sobre el asunto. Igualmente, sostuvo que el desarrollo reglamentario de la normativa sancionadora no clarifica el cometido del Consistorio al respecto, "aunque lo que sí está claro es que Confederación nos cobra por verter, pero no reinvierte en las cuencas fluviales", añadiendo que "no se nos puede pedir que ejerzamos competencias para las que no se nos dota de fondos, ni se nos prepara técnicamente a los agentes".
El portavoz del gobierno municipal, Santiago Navarro Ortega, indicó que no se ha informado al Consistorio acerca de la sustancia contaminante detectada, y criticó tanto el espíritu recaudatorio como la forma de actuar de la Confederación, "que primero te cobra y luego te devuelve si recurres, cuando lo normal sería que sancionara como consecuencia de un proceso investigador". Navarro también insistió en la precariedad de medios de los ayuntamientos para este fin, sosteniendo que "si no se transfieren las competencias y se nos conceden fondos no se nos pueden pedir responsabilidades".

Otros asuntos del Pleno.- En el transcurso de la sesión plenaria, los concejales conocieron los pormenores de la operación de permuta realizada por el Ayuntamiento sobre el solar de 1.700 metros contiguo al Centro Cultural, en el que próximamente se alzará la nueva biblioteca. La fórmula elegida por conveniencia legal fue la expropiación de este terreno residencial, que a razón de un metro por cada dos fue cambiado por suelo industrial. Para llegar al acuerdo han sido necesarios tres años de negociaciones.
Otro asunto aprobado por unanimidad fue el inicio de procedimiento formal tendente a recuperar el edificio de la antigua discoteca Brasilia, en calle Rosario. El inmueble, en actual estado de semiabandono, se destinará a un uso aún por determinar, tras su clausura hace varios años debido a la estrechez de la calle.

Además, el grupo municipal popular retiró el recurso interpuesto contra los presupuestos municipales de 2.003, en los que alegaba "defecto de forma", al entender que el equipo de gobierno ha subsanado la anomalía en el último trámite de las cuentas. Finalmente, en respuesta al portavoz de este mismo grupo, el alcalde desveló que el museo del castillo podría estar abierto dentro de año y medio aproximadamente, ya que está sólo a falta de terminación de las obras en curso, que incluyen la restauración de la colección Bonsor. El único trámite por superar es la certificación de la Comisión Provincial de Patrimonio, sin que se esperen contratiempos al respecto, ya que según el regidor se está trabajando coordinadamente.