(5-Agosto-2004)
La Comisión Provincial de Urbanismo deniega la legalización de
tres urbanizaciones
Informa:
Chema Cejudo
Tres de las urbanizaciones que hace unos meses habían recibido el visto
bueno por parte de las autoridades urbanísticas de Mairena del Alcor para
ser legalizadas no se legalizarán, al menos por el momento. Así
lo ha decidido la comisión Provincial de Urbanismo, dependiente de la delegación
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, en una resolución fechada el pasado día 4 de junio,
que ayer se hizo pública en el transcurso de un pleno municipal. Las urbanizaciones
en cuestión son “La Hijuelilla”, “El Molino Romano”
y “El Cerro de los Camellos”, y las razones esgrimidas por el organismo
provincial para la denegación de este trámite se sustenta en varios
argumentos. En principio, no se acepta el procedimiento empleado por el Consistorio
para cambiar la calificación de los terrenos de su catalogación
actual como rural no urbanizable a urbano a través de modificaciones parciales
y unitarias de las Normas Subsidiarias que les afectan. Así se había
iniciado el proceso sobre la base de los acuerdos plenarios de 27 de febrero de
2.003 y 16 de febrero de 2.004. Al respecto, el organismo provincial sostiene
que la figura correcta para acoger los cambios sería otra de carácter
más general y global que contemplara los tres casos, como por ejemplo el
futuro PGOU. Además, la comisión sugiere que se resuelvan de manera
adecuada los sistemas generales de comunicación e infraestructuras de las
tres urbanizaciones con documentación anexa aportada por las empresas prestadoras
de estos servicios.
La asamblea corporativa de ayer en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no obstante,
no tenía como finalidad comunicar el dictamen a los parcelistas. Convocada
a petición de los partidos de la oposición: PP, PA, e IU-CA, su
intención manifiesta fue la de prestar voz al grupo de propietarios de
estas urbanizaciones que se habían visto imposibilitados para regular su
situación en el anterior intento para hacerlo realidad ahora que hay que
revisar todo el proceso. En nombre del colectivo, los tres grupos de la oposición
pidieron al equipo de gobierno socialista la revisión de la normativa municipal,
que cifra en 2.500 metros cuadrados el tope mínimo de superficie de cada
una de estas parcelas como una de las condiciones para poder ser legalizadas.
Se trata del gran obstáculo al que se enfrenta esta cincuentena de propietarios
afectados, cuyas propiedades proceden de segregaciones de propiedades “proindiviso”,
que han quedado reducidas en su extensión a 1.250 metros.
Desde el equipo de gobierno se sostuvo haber dado a estos propietarios las máximas
facilidades que permite la normativa y legislación actuales, exhibiendo
como prueba que sólo se iban a quedar fuera de regularización un
10% del cerca de millar de propietarios. En cuanto a favorecer un cambio en la
normativa, se mostraron reacios arguyendo que de este modo se facilitaría
la especulación, en un momento especialmente sensible en que la tendencia
de las administraciones es precisamente obstaculizar este tipo de maniobras por
sus nefastas repercusiones para el conjunto de la ciudadanía. También
rechazaron las acusaciones de cerrazón a la hora de abrirles la puerta
de la legalidad, y sólo consiguieron del gobierno municipal arrancar el
compromiso de entablar reuniones con las comunidades de vecinos cuando se comiencen
los trabajos de elaboración del PGOU “para ir dando los pasos tendentes
a la solución, siempre que la legislación lo permita”, sentenció
el alcalde, Antonio Casimiro Gavira. El portavoz del equipo de gobierno, Santiago
Navarro, negó la inexistencia de salidas legales para los afectados. Algunas
de las posibles pasarían por hacer escrituras de multipropiedad.
El pleno, que duró casi tres horas, se desarrolló en medio de una
gran tensión por la presencia de cerca de un centenar de miembros de familias
afectadas. Hasta tres llamadas al orden con amenazas de desalojo de la sala tuvo
que hacer el regidor municipal mairenero, quien al igual que otros miembros de
su equipo de gobierno volvió a ser increpado tras el pleno, tanto en el
interior de la Casa Grande como ante su fachada principal a la salida. Por el
contrario, también hubo aplausos en la sesión. Fueron prorrumpidos
por el público presente cuando el portavoz del PP, José Antonio
Acosta, aseguró que no tenía sentido “que el equipo de gobierno
complicara tanto un tema de tan fácil solución”. Al final,
los grupos de propietarios se disolvieron en medio de una mal disimulada decepción,
asegurándose por los presentes que no había existido “voluntad
política” del gobierno municipal para dar una salida legal a su situación,
como –según aseguran ellos- sí se ha hecho en otros pueblos
del entorno.