(5-Julio-2005)
La oposición vuelve a abandonar el Pleno junto a los vecinos del El Patriarca
Informa:
Chema Cejudo
El problema de titularidad de las 50 viviendas de la primera fase de la Barriada
El Patriarca de Mairena del Alcor parece enfilar la recta final para su solución,
aunque no exenta de polémica. El ayuntamiento del pueblo debatió
anoche a través de pleno extraordinario una moción firmada por las
fuerzas políticas de la oposición (PP, PA, e IU-CA), que junto a
los vecinos de la renacida Asociación El Patriarca pretendía dar
solución a un problema que se viene arrastrando a lo largo de 20 años,
y que les ha venido vedando en la práctica el derecho a escriturar las
viviendas que moran, ni siquiera en régimen de alquiler. Atrás quedan
otros conflictos puntuales e incluso expedientes de desahucio que el equipo de
gobierno asegura haber paralizado a lo largo de este tiempo.
A pesar de las buenas intenciones de las partes, y del tono contenido de un debate
que a priori se preveía duro, los grupos de la oposición decidieron
el abandono de la sala pocos minutos antes de la votación, que se saldó
con el derrumbamiento de las cinco propuestas planteadas para introducir por parte
del equipo socialista de gobierno otra alternativa en parecidos términos,
excepto en lo relativo a la paralización de la firma de algunos contratos
-ya iniciada- hasta que la totalidad de los vecinos reúnan las condiciones
para su rúbrica.
Los 7 concejales de la oposición decidieron el abandono de la sala "con
todos los respetos y sin ánimo de molestar", según expresó
el edil popular José Antonio Acosta, ante la negativa del alcalde a ceder
el uso de la palabra al presidente vecinal, José Manuel Morales. Éste
salió de la sala de plenos tras ver frustrado su intento de intervenir,
y tras increpar al portavoz del gobierno municipal, Santiago Navarro "para
que se identifique a todos los ocupantes". Al igual que los capitulares de
la oposición, fue recibido con aplausos a las puertas del consistorio tras
su abandono de la sala, mientras que el alcalde, Antonio Casimiro Gavira, denunciaba
una estrategia conjunta "de acoso al gobierno por parte de los partidos de
la oposición", como aseguró se está produciendo en otros
pueblos del entorno.
La moción presentada por la oposición también reclamaba el
mantenimiento de reuniones esporádicas con el equipo de gobierno junto
a representantes de la oposición para seguir el desarrollo de los acontecimientos,
el acceso previo a un contrato de renta antes del definitivo de propiedad, así
como el adelanto del importe aproximado que deberían abonar mensualmente
en concepto de renta, y el precio de tasación de las viviendas con vistas
a su adquisición en propiedad.
Desde el equipo de gobierno se garantizó la resolución del problema
a corto y medio plazo, ya que en el caso de 3 ó 4 residentes existen contradicciones
al diferir la identidad de los adjudicatarios iniciales de la de sus actuales
inquilinos, aunque según Navarro hacia 2.007 todo el proceso podría
quedar cerrado. De igual manera, se cifraron las cantidades de los contratos de
renta a firmar con AEPSA (por 5 años) en cantidades que oscilan entre los
36 y los 48 euros por mes. En cuanto a los precios finales de las viviendas, según
este mismo portavoz, se barajan cifras de entre 21.000 y 36.000 euros.
La problemática de estas viviendas remonta su origen al año 1.982,
cuando el gobierno que entonces administraba los destinos del pueblo decidió
hacer entrega de las mismas en contra de las recomendaciones de la Consejería
de Obras Públicas, que fundamentaba su decisión en algunas graves
deficiencias en los inmuebles, y en la no recepción de las obras a causa
de la quiebra de la constructora. Después de varios lustros e importantes
inversiones de mejora en muchos de los casos, amén de diversos trasvases
de inquilinos en algunas de ellas -en cuya resolución ha tenido que intervenir
incluso la justicia- los vecinos reclaman ahora la propiedad, a la que según
lo puesto de manifiesto ayer por parte del equipo de gobierno durante el desarrollo
de la sesión tendrán acceso a partir de los cinco años de
ocupación demostrados. El consistorio será el garante del proceso.