Desde la popularización de los soportes digitales de grabación a comienzos de la década de los noventa con toda su carga de perfección y su amalgama de nuevas posibilidades, entre ellas la clara mejora del sonido con respecto a los viejos vinilos y cintas magnéticas para la música; o la aparición del DVD como sustituto del vídeo en la parcela audiovisual, se produce un gran avance a nivel cualitativo y cuantitativo en los terrenos de la produccción y el consumo de estos productos. Al principio, la aparición de la nueva tecnología no supuso merma alguna para el ya de por sí encarecido negocio de la venta de música, limitándose a la sustitución del soporte vinílico por el CD, conviviendo ambos durante algún tiempo en recelosa armonía.

Como ya venía siendo normal en la última etapa del vinilo y la cassette, los jóvenes -sobre todo- entre otros clientes de este tipo de productos continuaron pagando religiosamente unos abusivos precios por la música grabada al contraste con países de nuestro entorno europeo o los Estados Unidos de América. Ello fue así al calor de la animación de un negocio que conoció durante décadas en España uno de los mayores mercados de venta de discos del primer mundo. Todos recordaremos la multitud de tiendas de discos abiertas o la ingente cantidad de chiringuitos de cualquier índole donde también se daba cabida al mercado de los sonidos. ¡A vender que son dos días!

Así siguieron las cosas unos años, si bien es cierto que el nuevo formato (como los anteriores) no escapaba al viejo vicio del "pirateo", esto es, la manía de la copia ilegal a partir del soporte original de comercialización. Unas copias prohibidas desde siempre en España cuando se trataba de hacer grandes cantidades y ponerlas en venta, pero que gozaron asimismo de un amplio margen de tolerancia cuando se trataba de insignificantes copias para uso personal del consumidor (para escuchar en el coche o regalar a un amigo, por ejemplo). En el caso digital, sin embargo y por la lógica perfección conseguida en las copias, éstas se disparan.

La cosa, así, se complica, dando una vuelta de tuerca más ante la aparición, desarrollo y popularización de la informática, que por efecto de sus características y cualidades pone al servicio del ciudadano en sonido e imagen unos soportes hasta entonces desconocidos, de un gran potencial de desarrollo: discos duros, archivos en mp3, mp4, o wav; las nuevas posibilidades de grabación propia de cedés por la popularización y abaramiento de sus grabadoras, sumados a la aparición de Internet con los sitios de descarga, o el desarrollo de la telefonía como nueva posibilidad, por citar algunas de las más importantes.

Todo ello provoca como efecto clarísimo una disminución del número de copias legales que se venden, aparejado a otro de incremento de las ventas de copias piratas, en la que determinados grupos (como inmigrantes, aunque no sólo) se hicieron verdaderos especialistas con una capacidad asombrosa para colocar en mercadillos y otros enclaves comerciales una gran cantidad de discos piratas, atrayendo a un importante número de clientes.

Es en este contexto situacional donde las sociedades de gestión de derechos de autor (SGAE, AGEDI, AIE, EGEDA, y AISGE) ponen el grito en el cielo aguijoneados por unos músicos que en la mayoría de los casos no habían sido los máximos beneficiarios de las otrora pingües ganancias del sector de la producción musical, pero que con la caída de las ventas parecían verse afectados de una forma más significativa. Y comienzan las protestas, las quejas en una prensa siempre receptiva a las denuncias de los artistas, y la formación de un "lobby" influyente que finalmente consigue convencer al presidente Zapatero hasta conseguir "in extremis", y por la mínima, la aprobación del canon digital, una especie de impuesto añadido a productos susceptibles de almacenar audio y video.

La nueva situación sobreviene después de décadas de realización por parte de la SGAE (sobre todo, pues es un clásico del sector) de una labor inspectora y fiscalizadora semi inquisitorial que afectó a bares de copas, salas de conciertos, ayuntamientos, emisoras, etc, etc, que produjeron como efecto abusos y situaciones subrealistas por su desmedido afán recaudatorio. No muy lejos, aquí en nuestro entorno, hemos asistido al precintado de la emisora visueña Radio Alcores, acorralamiento a Radio Mairena, y controles exhaustivos en conciertos y otros tipos de actos públicos, dignos del mayor rubor.

El acoso despiadado a bares de copas de la comarca y entorno de Sevilla capital, hasta el punto de que muchos de sus propietarios se han tenido que agrupar en una asociación de lucha contra tales abusos, encarna otra arista del problema. Por cierto, unos abusos que han llegado al extremo de gravar televisores, videos, consolas mezcladoras, reproductores de CD y DVD, o platinas entre una amplia panoplia de aparatos capaces de reproducir o almacenar imagen y sonido. Unos locales, por cierto, que a menudo tienen a la gente más joven y en ocasiones inquieta por clientes y parroquianos.

La radicalización del nivel de exigencia de las sociedades de gestión de derechos de autor a tenor de la caída en las ventas de música ha ido, como vemos, en paralelo al aumento de los conflictos entre éstas y los bares (aunque no en exclusiva), llegando en muchos casos a transformarse en litigios judiciales. Fruto de ello ha sido la aparición de la cultura "copy left", que no es ni más ni menos que una opción decantada en favor de músicos no adscritos a ninguna de estas sociedades de gestión, generalmente modestos y en fase de expansión creativa, encargados ellos mismos de la administración de los derechos de sus productos, y con una clara apuesta por la música en directo como mejor generadora de ingresos.

Frente a ésto, el "canon digital" aprobado por el gobierno de Zapatero viene a suponer un nuevo impuesto en toda regla que grava los discos duros extraíbles (los internos están exentos) con un promedio de 12 euros a la hora de su compra, 1,50 euros por cada nuevo teléfono móvil que se vende, 3,15 por cada mp3, 0,60 por cada grabadora de CD, 3,40 por las que graban DVD, 0,30 por cada lápiz de memoria, 0,44 por cada disco regrabable de DVD, y 0,17 euros por cada CD regrabable. En definitiva, un verdadero abuso por razones diversas. La pimera, que se está dando capacidad impositiva (es decir, de obtener beneficios vía impuestos) a entidades privadas ajenas al Estado, único posible beneficiario de tal actividad según ley.

De otra parte, se trata de elevar a un status de privilegio a un sector creativo que por importante que sea (y lo es mucho; yo mismo lo reconozco y los admiro) debe buscar fórmulas alternativas y novedosas que den sentido y nuevas oportunidades a una actividad tan vieja casi como el mundo y que siempre ha sabido adaptarse a los tiempos. En definitiva, que tienen que hacer su reconversión en base a la nueva realidad y soportes en lugar de tratar de mantener una tesitura superada para la legítima obtención de beneficios. De no practicar esa necesaria reconversión como demanda la evolución de los tiempos (y que ya acometieron otros muchos sectores) nos transmitirán la imagen de grupúsculos privilegiados e influyentes desconectados de la realidad.

Pero hay que resaltar, además, que este invento del "canon digital" es claramente discriminatorio porque grava soportes de manera preventiva sin que nadie garantice que en ellos se van a grabar productos audiovisuales acogidos a derechos de autor. Por ello, y no faltos de razón, no han sido pocos (entre ellos VACHE) los que han bautizado con ironía al polémico canon con el sobrenombre de "canon del por si acaso".

Entiendo, pues, y a modo concluyente, el cabreo de los amplios sectores perjudicados por la medida. Como lógica me parece la postura de Rajoy de revisarla sustituyéndola por otra más justa y ecuánime. Ni VACHE, ni creo que nadie (no yo, al menos) postulamos la explotación económica de los creadores e intérpretes musicales o de otras modalidades audiovisuales, pero si durante décadas estuvimos pagando en España la música a precio de oro sin que nadie nos subvencionara su consumo, me parece por injusto y por no aguantar el examen de la lógica que ahora que se han cambiado las tornas seamos esos mismos sufridos consumidores (aun a pesar de que la música esté considerada por muchos un artículo de lujo; o tal vez precisamente por ello) a quienes se nos cuelgue de las espaldas la carga de subvencionar a un sector como el de la grabación y comercialización de discos que, por otra parte, nunca ha beneficiado de manera prioritaria a los músicos e intérpretes, y que -por cierto- desde el estallido de la crisis ha realizado ya varias reestructuraciones internas a nivel empresarial para adaptar el volumen de gastos a la nueva realidad de las ventas. Hay que estudiar otras salidas más razonables.