Según la denuncia entregada hoy en la Fiscalía y recogida por Europa Press, en estas contrataciones figuran casos como el de Israel G.C., contratado por decreto de Alcaldía en 2000 previa oferta en el Instituto Nacional de Empleo (INEM) "no realizándose convocatoria pública, ni publicación ni prueba que lo acreditara", o el de Diego J.S., contratado por el Ayuntamiento como auxiliar administrativo en 1999 y luego como técnico medio en base a "simples informes de contratación, sin seguirse un proceso de selección adecuado y siendo la causa real su pertenencia al PSOE", porque "no existió oferta pública ni exámenes".

Pilar M.S., protagonista de otro de las contrataciones denunciadas por el PP a la Fiscalía, accedió al Ayuntamiento en 2005 como Técnico de Recursos Humanos "sin haber realizado examen alguno", porque la creación del puesto de empleo no fue sometida a "convocatoria o publicación" alguna, dándose la circunstancia de que ella es "amiga íntima" del concejal de Recursos Humanos.

Javier D.G., igualmente, habría sido contratado "a dedo" también en 2005 como primo de la concejal socialista María Luisa García, mientras Gema O.G., sobrina de otro concejal socialista, ejerce como registradora en el Ayuntamiento "sin mediar proceso de selección objetivo". Figuran además en estas contrataciones casos como los de Purificación M.O., en la escuela taller, Marta María G.G. en la Casa de la Cultura o David J.P. como secretario particular del alcalde, porque en todos estos casos se trata de militantes socialistas que figuraban en las candidaturas del PSOE.

INFORME DE LA VICESECRETARÍA

En resumen, 36 contrataciones supuestamente irregulares en las que el PP advierte de que incluso la Vicesecretaría General del Ayuntamiento ha reconocido la ilegalidad de tales relaciones contractuales mediante un informe emitido el 23 de enero de 2009 e incluido en esta denuncia, porque "en su mayoría" se trata de contrataciones en fraude de Ley.

Así, el PP detecta la posible vulneración de la legislación laboral, la legislación de la función pública, de los principios de acceso a la función pública y de principios constitucionales, lo que se traduciría en delitos recogidos por el Código Penal.