Se recortan los sueldos políticos el 7% y el 5% para los cargos de confianza
El gobierno recibe la condena unánime a su política de comunicación

A estas alturas de la legislatura resulta claro en Mairena del Alcor que si algo ha minado la confianza y posibilidad de entendimientos entre dos grupos políticos de izquierdas como PSOE (en el poder) e IU en la oposición es el acuerdo retributivo de legislatura impuesto unilateralmente en 2007 al resto de grupos políticos, sin ningún edil liberado y un recorte del 50% en las asignaciones por edil con respecto a la legislatura 2003-07.

Ayer el pleno debatía los recortes de sueldos a los cargos políticos y personal de confianza en aplicación del decreto del gobierno central imponiendo recortes en los sueldos públicos para reducir el déficit. Hubo por toda la oposición apoyo a la medida propuesta, que reduce las asignaciones de los concejales liberados (todos del PSOE) en un 7% mientras que para su personal de confianza las tijeras del recorte se quedan en el 5%.

Sin embargo, no fue ese el meollo del debate. El portavoz de la federación de izquierdas Carlos Copete desvió el asunto hasta el acuerdo económico, un asunto que a lo largo de la legislatura ha pesado como pocos en la cesta de la política mairenera al coincidir PA, PP e IU en que con él se les ha intentado imponer silencio desde el poder "algo a lo que ni entonces ni ahora vamos a renunciar por dignidad", esgrimió Copete, quien recibió como respuesta del portavoz del gobierno Santiago Navarro en forma de crítica el que "usted siga llorando por las mismas cuestiones de comienzos de legislatura".

Pero si hay que alegrarse de algo pese a que el tono por momentos se elevó es que hoy, gracias a ello, los ciudadanos de Mairena del Alcor saben algo más de las retribuciones de sus representantes políticos, un asunto hasta ahora tabú, sobre el que Copete acusó a los socialistas maireneros de haber urdido un acuerdo económico de legislatura tan lesivo para la acción política y por añadidura el pluralismo "a que nosotros no quisimos aceptar la imposición de silencio que pretendían para no hablar de sus sueldos a cambio". El edil blandió como bandera de su grupo no haberse "vendido", postuló que "ustedes no pueden castigarnos como lo han hecho", y aunque no hizo ninguna acusación contra nadie, sí que pidió al alcalde que explicara los conceptos y cantidades por los que cobra en sociedades e instituciones de fuera del municipio. Asimismo, acusó al gobierno municipal de aplicarse los recortes sin convicción tras venirles impuestos por la administración central.

A partir de ahí, y a pesar de que Copete abogó por tener unos cargos bien pagados para no verse tentados por la corrupción, se desató la caja de los truenos. El alcalde, Antonio Casimiro Gavira, se lo tomó como una acusación en toda regla, y en su -explicó- ánimo de evitar comentarios maliciosos o requerimientos de los ciudadanos (el pleno se emitía en directo por la radio municipal) le adviritó que "no se lo voy a consentir", para después retar a Copete a repartir por Mairena las fotocopias de su declaraciónd e la renta que él mismo aseguró que le iba a entregar.

Luego, más calmado y en todo pedagógico, el regidor enunció una serie de datos relativos a sus cobros. Así, manifestó cobrar 2.200 netos mensuales del Ayuntamiento, 220 por dietas de asistencia a los plenos de la Diputación (uno al mes de media), y cantidades similares por asistencia a las comisiones informativas de la citada administración a razón de dos de promedio mensuales. En cuanto a Emasesa, sus dietas netas al año son de 880 euros, desveló "y sin embargo a cambio llegan a Mairena cantidad de millones en inversiones", añadió. "No podemos dar pie aquí a que la gente piense que nos lo llevamos calentito por la cara", protestó el alcalde, matizando "con la que está cayendo con la crisis". Acto seguido anunció y dio orden a la secretaria de hacer una modificación presupuestaria por la que renuncia a 2.000 euros de sus retribuciones municipales para dedicarlas a obra social.

Quejas por la política informativa.- Una vez más, las críticas a la política informativa del Ayuntamiento se hizo patente en los debates. Fue a cuenta del tratamiento recibido tras la resolución de la crisis de la farmacia de guardia, después de ganar el Consistorio la medida supresiva con la interposición de un recurso de alzada, del que se informaba al plenario. Básicamente, la andalucista María Antúnez y Carlos Copete (IU) coincideron en la omisión del papel de los grupos políticos, siendo éstos quienes ecomendaron al alcalde el liderazgo de la gestión. Antúnez fue aún más allá para reclamar presencia de los grupos en un boletín denominado Mairena Información, donde pese a los 18 números publicados y "ser de carácter institucional aún no hemos aparecido", se quejó.

Las pensiones.- Con esgrima de la fina el PSOE consiguió anular la moción presentada por el PP contraria a la congelación de las pensiones, y pidiendo al gobierno central que se garantice. Ambas formaciones estaban de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero no en las formas. El PP afeaba a Zapatero el recorte al considerarlo injusto, mientras que el PSOE con datos y gráficos en la mano demostró el gran aumento que estas retribuciones han recibido durante el actual mandato de su partido al frente del gobierno central, sosteniendo que la grave crisis había forzado al presidente del gobierno a adoptar la decisión contra su voluntad. Así las cosas, por el procedimiento de moción por sustitución (legal según valoró al secretaria de la Corporación aunque hasta ahora nunca aplicada en ese pleno) la propuesta del PP fue anulada, y sin votarla, quedó refrendada la alternativa del PSOE, a la que se sumó sólo el PA.

Otros asuntos aprobados.- Con 21 puntos en el orden del día, incluyendo ruegos y preguntas a la ligera por la tardía hora y a petición del PP, la sesión revalidó por unanimidad en su puesto al actual juez de paz, José Manuel peña Jiménez. Además, aprobó la aplicación en el pueblo del nuevo reglamento de tráfico incluyendo la revisión de la cuantía de las sanciones, y varios puntos relativos al urbanismo que ya venían consensuados.