La Justicia reabre el caso contra el alcalde por contratos «partidistas» en el Ayuntamiento
El juez admite el recurso del PP y cita como imputado al regidor, el socialista Antonio Casimiro Gavira, y a los dos tenientes de alcalde por presunta prevaricación

«Inoportunas» novedades judiciales para el alcalde socialista de Mairena del Alcor, Antonio Casimiro Gavira, a poco más de cuatro meses de las elecciones municipales, a las que se presenta para su enésima reelección —ostenta el cargo desde 1991—. Afrontará imputado sus sextos comicios locales.

El Juzgado de Instrucción 2 de Carmona ha decidido reabrir en toda su dimensión el caso de los contratos municipales «partidistas», vínculos laborales en presunto fraude de ley que el Ayuntamiento vino realizando desde finales de los años 90 mientras las oposiciones llevaban años paradas y del que se beneficiaron numerosos militantes socialistas de la localidad y familiares de cargos públicos de la misma, tal y como informó ABC ya en diciembre de 2008. Así, se han ido llenando los despachos municipales de personal laboral supuestamente eventual por delante de funcionarios de carrera, una pequeña minoría en el Consistorio.

El asunto se reabre ahora tras prosperar el recurso de reforma interpuesto por el PP, denunciante, quedando suspendida la anterior decisión de la sala, que archivó la cuestión en marzo del año pasado. Ese archivo momentáneo generó la reacción tanto de los responsables municipales como del PSOE, que se congratularon por la decisión y cargaron contra las informaciones en torno a las contrataciones públicas y contra la propia denuncia de la oposición. Ahora la situación es justamente la contraria.

En un auto fechado el pasado 30 de diciembre que ha sido notificado recientemente a las partes, y al que ha tenido acceso este periódico, el titular del juzgado destaca que «tras un nuevo y pormenorizado examen de las pruebas hasta ahora practicadas, fundamentalmente, la documentación obrante en los autos y el informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Mairena del Alcor», la Justicia «debe reconsiderar la inicial decisión del auto recurrido por el que se declaraba el sobreseimiento provisional de las actuaciones».

El motivo que señala el juez es que «efectivamente, hay indicios suficientes de hechos que, de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación». Tras repasar los conceptos legales sobre qué es un funcionario público, el auto indica claramente que del informe de la Secretaría municipal y de los expedientes de contratación que se han analizado se desprende que hay «contrataciones de personal laboral prescindiendo total y absolutamente de procedimiento de selección» y, además, «en algunas ocasiones, de las propuestas elaboradas por los equipos técnicos del Ayuntamiento».

Relaciones de parentesco

El juez recoge incluso ejemplos ilustrativos de anomalías en las contrataciones, como la elección de la novia del hijo de un concejal sin proceso de selección previo y por delante de dos trabajadores sociales «que ya habían desempeñado funciones con anterioridad» en el equipo de trabajo municipal y conocían bien su ámbito de actuación, por lo que habían sido propuestos. Así, el juez añade en su auto que «existen otros contratados que, indiciariamente, mantienen relaciones de parentesco con alguno de los concejales militantes del partido político gobernante o son afines al mismo».

Ese trato de favor a miembros del PSOE centró buena parte de las denuncias iniciales. De esta forma, el juzgado recalca que «existen elementos suficientes para imputar un delito de prevaricación a toda autoridad o funcionario público que dictara resolución administrativa, si existiera, acordando la contratación o, en su defecto, en aquellos casos en los que se acudiera directamente a la celebración del contrato laboral sin más, a quien suscribió el contrato de trabajo en representación del Ayuntamiento».

«En esta situación —agrega el dictamen— se encuentra el alcalde, Antonio Casimiro Gavira, quien suscribió la mayor parte de los contratos. No obstante, otros funcionarios con capacidad de representación de la corporación también lo hicieron», señalándose al primer teniente de alcalde, Santiago Navarro, o al segundo teniente de alcalde, Antonio Soria, por diversas contrataciones que se indican que no se sujetaron la normativa establecida. De este modo, el juez cita a los tres principales responsables del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, alcalde —a la sazón diputado provincial— y tenientes de alcalde, a declarar como imputados por presunta prevaricación. Además, la Justicia pide otras diligencias complementarias, como más documentación, incluidas consultas con la Seguridad Social, por parte de la Secretaría municipal en torno a contratados que han adquirido el rango de funcionarios o cuya relación laboral con el Ayuntamiento ya finalizó. También se le tomará declaración al denunciante, el portavoz local del PP Juan Galocha.

El principal responsable de los populares en la localidad se hizo eco en su denuncia, interpuesta en marzo de 2009, de los datos publicados por este diario, que informó de que familiares de concejales y militantes del PSOE estaban ejerciendo como funcionarios en el Consistorio sin haber superado proceso selectivo. El Ayuntamiento esgrimió en su día que se respetaba escrupulosamente la legalidad y que estas contrataciones no eran más que un «efecto colateral» de la propia impugnación por varios particulares de las oposiciones desde 2001, motivo por el que se contrató de forma «externa»; muchos de los beneficiados, al menos una veintena, fueron personas afines al partido en el poder.