Junto al alcalde Antonio
Casimiro, también son imputados por presunta prevaricación
los concejales socialistas Santiago Navarro, Antonio Soria y Manuel Ortega.
El juzgado de Instrucción nº 2 de Carmona ha decidido reabrir
el caso de los contratos laborales "a dedo" o "partidistas"
realizados en presunto fraude de ley desde finales de los años
90 en el ayuntamiento de Mairena.
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De estos contratos
se beneficiaron numerosos militantes socialistas y familiares de cargos
públicos, llenando al ayuntamiento de personal eventual, arrinconando
a los funcionarios de carrera, que han observado desde dentro como se
contrataba arbitrariamente en el municipio, y desfavoreciendo a aquellos
otros maireneros que aspiraban legítimamente a ocupar esos puestos
en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben
regir en un proceso de contratación pública.
El auto fechado el 30 de diciembre destaca que "tras un nuevo y pormenorizado
examen de las pruebas hasta ahora practicadas, fundamentalmente, la documentación
obrante en los autos y el informe de la Secretaría del Ayuntamiento
de Mairena del Alcor", la Justicia "debe reconsiderar la inicial
decisión del auto recurrido por el que se declaraba el sobreseimiento
provisional de las actuaciones". Debido a esto "hay indicios
suficientes de hechos que, de ser ciertos, pudieran ser constitutivos
de un delito de prevaricación".
Tras el análisis de expedientes de contratación, se desprende
que hay "contrataciones de personal laboral prescindiendo total y
absolutamente de procedimiento de selección" y, además,
"en algunas ocasiones, de las propuestas elaboradas por los equipos
técnicos del Ayuntamiento".
En diciembre de 2009 la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) aprobaba el Código del Buen Gobierno Local,
recogiendo los principios de transparencia y ética pública,
con el fin de aislar aquellos casos en los que los ciudadanos soportan
casos de mala gestión y corrupción, falta de transparencia,
connivencia con intereses privados y ausencia de cauces para el control
de la oposición, que degradan y perjudican a la democracia y dañan
la credibilidad de las instituciones.
Entre los Principios que marcaban dicho Código figuraban el desempeño
de las funciones de los electos locales de acuerdo con la Constitución
y el resto del ordenamiento jurídico. Y para ello sus actuaciones
deberían regirse por el buen servicio a la ciudadanía, defendiendo
los intereses generales con honestidad, objetividad, imparcialidad y cercanía
a la ciudadanía, prohibiendo el favoritismo y el ejercicio de autoridad
en beneficio de afines. La reapertura por la Justicia del caso de los
contratos municipales "a dedo" viene a poner de manifiesto la
vulneración de ese Código ético, y sus posibles consecuencias
en términos penales.
A esta situación de descrédito ante la opinión pública
hemos llegado tras veinte años de gobierno municipal marcados por
el abuso de poder y la identificación de una institución
pública de todos los maireneros como es el ayuntamiento con los
intereses del partido gobernante.
El actual candidato socialista ha acudido presto a los medios de comunicación
indicando que "tiene previsto declarar en el juzgado para aclarar
el tema". De esta forma evidencia su intención de hacer creer
a la opinión pública que acude por voluntad propia mientras
que la verdad es que ha sido citado por la justicia mediante un dictamen
demoledor en el que el juez ya ha estudiado pruebas concretas y ve claros
indicios de delito, tanto de él como de su gabinete.
Gana poca credibilidad Casimiro también cuando dice que "el
juez archivó la causa", cuando se trató en realidad
de un sobreseimiento provisional, y aún menos confianza incita
cuando busca culpables por "judicializar la vida pública",
cuando el único y exclusivo culpable ha sido él con sus
evidentes acciones partidistas que han llegado incluso a producir que
intervenga a la Justicia.
Por todo ello instamos al sentido de la responsabilidad de los muchos
socialistas de buena fe que hay en nuestro pueblo para que lleven a cabo
la regeneración necesaria para que afrontemos los retos futuros,
democráticamente y en noble competencia, en un horizonte despejado
de nubarrones judiciales.
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